Anulada parte de la declaración de sobreexplotación del acuífero 23
LA VERDAD/ALBACETE

(Fuente: Diario digital Laverdad.es)

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha ganado un recurso contra la declaración de sobreexplotación del acuífero de Altomira y zonas limítrofes del acuífero 23, que va permitir anular miles de expedientes sancionadores y la devolución de las multas cobradas a los agricultores. La superficie que dejará de ser considerada como sobreexplotada alcanza los 895 kilómetros cuadrados, lo que supone el 17% de la zona afectada por la declaración de sobreexplotación, que pasará de 5.260 km2 a 4.365
Además, gracias a esta sentencia son también nulas las peticiones negativas que se han utilizado como no concesiones, lo que significa que tienen que admitir lo que han denegado hasta ahora. Dada la responsabilidad de la Administración, los interesados podrán pedir daños y perjuicios, así como hacer solicitudes para pozos. Para todo ello se han puesto a disposición de los afectados las oficinas de UPA-Castilla-La Mancha, desde donde ya se ha comenzado a realizar todos estos trámites a agricultores y afiliados.

Esta sentencia beneficia a una treintena de municipios, total o parcialmente, de tres provincias de la región: Albacete (Villarrobledo y Minaya), Ciudad Real (Campo de Criptana, Herencia, Villarrubia de los Ojos, Fernán Caballero, Carrión de Calatrava, Almagro, Valdepeñas, San Carlos del Valle, Malagón, Fuente El Fresno, Membrilla y La Solana) y Cuenca (Las Pedroñeras, San Clemente, El Provencio, Mota del Cuervo, Casa de los Pinos, Casas de Haro, Casas de Fernando Alonso, Pozoamargo, Sisante, Vara de Rey, Atalaya del Cañavate, Cañadajuncosa, El Cañavate, Honrubia, Santa María del Campo Rus y La Alberca de Záncara).

Enmendado

Según el secretario general de UPA-Ciudad Real, Martín Moreno, «el Tribunal ha enmendado esta situación a petición de UPA, pero hay otras injusticias dentro del Alto Guadiana que tienen que ser los Gobiernos, la Administración, quien los enmiende». Según Moreno «siempre nos hemos negado a hablar de ilegalidad en la problemática de esta zona. Ahora el Tribunal ha corregido una ilegalidad, además de una injusticia, de la propia Administración que hemos sufrido más de una década».

UPA-Castilla-La Mancha presentó un recurso en 2003 en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por estar allí la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la que se pedía la anulación de la ampliación del perímetro del área declarada sobreexplotada. El Tribunal entiende que en el expediente de esta ampliación no constan los informes precisos «y se desconocen cuáles han sido las razones por las que la Administración ha procedido a sujetar a esta zona y no otras limítrofes a tales limitaciones, de ahí que no puede entenderse debidamente motivada tal limitación, vulnerándose de este modo lo dispuesto en el artículo 54.1.a de la Ley 30/92». Además el Tribunal afirma que «tampoco consta la audiencia de las poblaciones y colectivos interesados, de ahí que nos encontremos ante el caso del art. 63.2 de la Ley 30/92, por indefensión».