«Alguien quiere eludir su responsabilidad»
(27/11/2009. Fuente: www.elcorreodigital.com)
Los distintos protagonistas de la operación urbanística de Fernán Caballero ofrecen puntos de vista enfrentados sobre el mismo asunto. Fuentes próximas a Jabyer Fernández aseguran que todo este negocio contó con la aprobación unánime del consejo de administración de la empresa y de la junta de accionistas. Pero además insisten en que la responsabilidad de buscar los suelos, de analizar sus posibilidades y de proponer su posterior compra corresponde a iurbentia Gestión Urbanística.
Este órgano se encontraba encabezado por Carmelo Merino como presidente, uno de los denunciantes contra Fernández. También formaban parte del mismo García Macua, Susana Fernández y Emilio Prieto. Esta entidad, añaden las mismas fuentes, evaluaba después el impacto de la adquisición y lo ponía en conocimiento de iurbentia Promoción Inmobiliaria, que adoptaba las decisiones finales. «No tiene mucho sentido que los mismos que aprueban una operación la denuncien después. Jabyer no era el encargado de buscar los suelos. ¿Por qué denuncian esto ahora? Alguien quiere eludir su responsabilidad en todo este asunto», mantienen las mismas fuentes, que también aprecian en la demanda un nuevo episodio de la «campaña de desprestigio promovida» contra el empresario vizcaíno. Los nuevos responsables de iurbentia aseguran que sólo conocieron los detalles de la operación a raíz de que se hicieron con el control de la compañía. «Sólo nos decían que habían comprado un terreno, pero no sabíamos ni a quién se lo adquiríamos ni cuál era su valor real», mantienen.
Este periódico también se puso en contacto con el ex consejero delegado de la entidad, Emilio Prieto, que figura igualmente entre la relación de socios que en abril denunció al industrial. En este caso, sin embargo, Prieto recalca que todos los miembros del consejo «conocían» y «estaban de acuerdo» con la operación, en la que se incluyó «dos garantías» para asegurarse un «riesgo mínimo» en la inversión. El solar, apunta, se encuentra en la zona «natural de expansión» del municipio y la recalificación del mismo estaba prevista en función de distintos «informes», no de las promesas de Mansilla. Del mismo modo, asegura que el valor del terreno es muy superior al registrado en la demanda.
(27/11/2009. Fuente: www.elcorreodigital.com)
Los distintos protagonistas de la operación urbanística de Fernán Caballero ofrecen puntos de vista enfrentados sobre el mismo asunto. Fuentes próximas a Jabyer Fernández aseguran que todo este negocio contó con la aprobación unánime del consejo de administración de la empresa y de la junta de accionistas. Pero además insisten en que la responsabilidad de buscar los suelos, de analizar sus posibilidades y de proponer su posterior compra corresponde a iurbentia Gestión Urbanística.
Este órgano se encontraba encabezado por Carmelo Merino como presidente, uno de los denunciantes contra Fernández. También formaban parte del mismo García Macua, Susana Fernández y Emilio Prieto. Esta entidad, añaden las mismas fuentes, evaluaba después el impacto de la adquisición y lo ponía en conocimiento de iurbentia Promoción Inmobiliaria, que adoptaba las decisiones finales. «No tiene mucho sentido que los mismos que aprueban una operación la denuncien después. Jabyer no era el encargado de buscar los suelos. ¿Por qué denuncian esto ahora? Alguien quiere eludir su responsabilidad en todo este asunto», mantienen las mismas fuentes, que también aprecian en la demanda un nuevo episodio de la «campaña de desprestigio promovida» contra el empresario vizcaíno. Los nuevos responsables de iurbentia aseguran que sólo conocieron los detalles de la operación a raíz de que se hicieron con el control de la compañía. «Sólo nos decían que habían comprado un terreno, pero no sabíamos ni a quién se lo adquiríamos ni cuál era su valor real», mantienen.
Este periódico también se puso en contacto con el ex consejero delegado de la entidad, Emilio Prieto, que figura igualmente entre la relación de socios que en abril denunció al industrial. En este caso, sin embargo, Prieto recalca que todos los miembros del consejo «conocían» y «estaban de acuerdo» con la operación, en la que se incluyó «dos garantías» para asegurarse un «riesgo mínimo» en la inversión. El solar, apunta, se encuentra en la zona «natural de expansión» del municipio y la recalificación del mismo estaba prevista en función de distintos «informes», no de las promesas de Mansilla. Del mismo modo, asegura que el valor del terreno es muy superior al registrado en la demanda.